Un Juez de Distrito dictó órdenes de aprehensión en contra de siete personas, entre ellas la de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa; Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en el Gobierno de Felipe Calderón, así como de Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de Inteligencia de dicha Policía, por su participación en el operativo "Rápido y furioso", con el que ingresaron miles de armas ilegales de Estados Unidos a México.
En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que "'Rápido y Furioso' tuvo por objeto traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de los Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios; lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible".
La FGR agregó que "las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los EE.UU., se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes".
La Fiscalía señaló que tienen conocimiento que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país.
"En la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se pudo establecer la presunta responsabilidad de Joaquín "G" quien, durante un largo lapso, fue líder de la organización delictiva destinataria de las armas. Asimismo, se lograron las órdenes de aprehensión en contra de Genaro "G", ex Secretario de Seguridad Pública Federal; así como de Luis "C", Coordinador de Inteligencia de dicha Policía; y quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad, tanto en Estados Unidos, como en México".
La dependencia, que dirige Alejandro Gertz Manero, apuntó que Genaro García Luna ya tiene dos órdenes más de aprehensión, dictadas por jueces mexicanos, que han motivado la solicitud de extradición de EE.UU. a México.
¿De qué trató ‘Rápido y Furioso’?
Entre 2006 y 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los EE.UU. introdujo 2 mil 500 armas a México con chip para vender a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento sin éxito, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas y de los narcotraficantes.
Sin embargo, dos rifles de asalto comprados por una persona fueron utilizados en un tiroteo donde murió Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en diciembre de 2010 cerca de la línea entre Arizona y México. Además, el 15 de febrero de 2011, fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí, el agente estadounidense de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Jaime Zapata, lo que provocó que el escándalo estallara en ambos países.