Laura Bozzo solicitó un amparo ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la instancia abriera una carpeta de investigación en su contra por defraudación fiscal de aproximadamente 15 millones de pesos, delito recientemente calificado de grave y el cual amerita prisión preventiva oficiosa.
Rosa María Cervantes Mejía, juez titular del Décimo Segundo, fue la encargada de conceder la suspensión provisional para que no sea capturada por algún delito que no amerite la prisión preventiva.
Para que esta suspensión temporal surta efecto, la conductora deberá pagar 12 mil pesos en garantía, en un plazo de cinco días a partir de su notificación.
De acuerdo con la información de La Jornada, la juez a cargo fijó como plazo el próximo 17 de mayo a las 14 horas para que se lleve a cabo la audiencia incidental, y en la que decidirá si le concede o no la suspensión definitiva a Bozzo.
En su demanda, la presentadora peruana reclamó las órdenes de aprehensión y comparecencia, de los jueces adscritos a cinco diversos centros de justicia federal en la Ciudad y estado de México y dos autoridades administrativas, señalando que fue el pasado 3 de mayo, cuando diversas personas, quienes se identificaron como Agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR, se presentaron en su domicilio, argumentando que tenían una orden de comparecencia y/o aprehensión librada en su contra sin precisar mayor dato.
Laura Bozzo y sus problemas con la justicia
En 2018 la conductora y abogada peruana fue perseguida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), un monto por 17 millones de pesos, informó la revista TVNotas.
Para agosto de 2020, Bozzo comenzó a ser investigada por posible defraudación fiscal. Curiosamente por esas mismas fechas la conductora se amparó luego de ser demandada por el actor Gabriel Soto y su ahora prometida, la actriz rusa Irina Baeva.
Asimismo, el representante del Consejo Doctoral Mexicano, Francisco Javier García Ramírez, denunció ante la FGR a las instituciones que otorgan Doctorados Honoris Causa por haber galardonado a Bozzo, con el fin de terminar con el "mercado negro" de los doctorados entregados de manera apócrifa.
