Los miembros de la Policía Nacional de Colombia que sean responsables de abusos o actos de violencia en medio de protestas en curso serán castigados con todo el peso de la ley, anunció el director de dicha institución. Los manifestantes y los grupos de derechos humanos han acusado repetidamente a los agentes de policía de matar a civiles, uso excesivo de la fuerza, abuso sexual y uso de armas de fuego, tanto durante las protestas actuales como en las anteriores.
Las acusaciones de posible abuso de un menor en la ciudad de Popayán han provocado violentas protestas allí esta semana. "Deben responder ante las autoridades y quienquiera que haya cometido un delito a sabiendas, caerá sobre ellos todo el peso de la ley", le explicó a Reuters el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, en una entrevista con dicha agencia.
"Somos los primeros en rechazar la conducta ilegal de un oficial y pediremos perdón cuando haya una decisión judicial", finalizó el funcionario.
El general anunció que se han abierto 122 procedimientos disciplinarios contra la policía desde que comenzaron las protestas el mes pasado, mientras que tres han sido arrestados por cargos de asesinato relacionados con muertes de civiles. "No puede haber, no debe haber y no habrá impunidad", adelantó el militar.
Los agentes acusados tendrán el debido proceso, dijo, y agregó que los policías también han sido víctimas de agresión física, ataque con armas de fuego y un incidente en el que una turba prendió fuego a una estación
Los bloqueos de carreteras que causan escasez serán eliminados por la policía cuando el gobierno ordene, amenazó Vargas, repitiendo las acusaciones de que grupos criminales y guerrilleros se han infiltrado en las protestas para avivar la violencia.
Los políticos de izquierda y los grupos estudiantiles han exigido durante mucho tiempo que se transfiera a la policía fuera del control del Ministerio de Defensa, se prohíba el uso de armas letales durante las protestas, se disuelva la policía antidisturbios y se juzgue a los oficiales implicados en los abusos en tribunales civiles y no militares.
Vargas descartó la disolución del escuadrón antidisturbios, pero dijo que apoya más opciones para castigar el abuso policial.
